Espacio regional, recursos
naturales y estudios sobre Piura
María Luisa Burneo *
Desde hace aproximadamente una década un proceso de reconcentración de
la tierra se viene dando en diferentes regiones del país, entre las
cuales Piura ocupa un lugar importante. Estamos a puertas de contar con
la nueva información del Censo Agrario, pero ya existen estudios que se
basan en cifras proporcionadas por el Estado y las propias empresas.
Así, en 2011, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC
por sus siglas en inglés) preparó un documento que registraba el
proceso de concentración de la tierra en el Perú: según datos de 2009,
en el caso de Piura, 31.700 hectáreas están en manos de siete
propietarios, entre los cuales sobresale el grupo Romero con Caña Brava,
que siembra caña de azúcar para la producción de etanol.1 La
compra de tierras para la producción de biocombustibles es solo una de
las formas que toma este proceso, que incluye también las
contraprestaciones para la extracción de hidrocarburos.
En años recientes, la historia de la extracción y la de las tierras de
las comunidades de costa se cruzan. Así sucede, por ejemplo, en el caso
de la explotación de petróleo, que hoy ingresa a zonas cultivadas por
familias comuneras. También se entrelazan con el avance de
transnacionales que buscan acceder a inmensas extensiones de tierra para
producir biocombustible. Son estos los procesos que abordaremos en este
artículo, llamando la atención sobre los estudios recientes vinculados
al espacio rural piurano y los vacíos existentes. Para ello, haremos un
breve recorrido por la literatura producida en los últimos años y luego
pasaremos a desarrollar los temas señalados.
Estudios sobre Piura y sus dinámicas territoriales
En los últimos años, la producción académica sobre la región Piura ha
estado relacionada, en buena cuenta, con el proceso de expansión de la
industria extractiva en el Perú, particularmente minera. Esta región ha
sido escenario de conocidos enfrentamientos entre poblaciones y
empresas: el conflicto relacionado con la empresa Manhattan en la zona
de Tambogrande (1999-2002) y con la empresa Majaz (luego Zijin) y el
proyecto Río Blanco, en la sierra de Piura (de 2005 a la fecha), son
casos emblemáticos. El estudio encargado por Perú Support Group en el
año 2006 sobre el proyecto Río Blanco en la frontera norte abre el
camino a una serie de estudios, varios de ellos encargados por redes
nacionales e internacionales en apoyo a las comunidades campesinas de la
zona, propietarias de las tierras en las que se encuentra el yacimiento
minero.2 Se abre también una agenda de investigación
centrada en el estudio de los conflictos desde un enfoque de dinámicas
territoriales y cambio institucional. Así, por ejemplo, Piura aparece en
dos de los estudios de caso del libro Minería y conflicto social (Tambogrande analizado por Revezs y Majaz analizado por Diez).3
Más recientemente, Bebbington dedica un capítulo de análisis regional
al caso de Piura en una publicación sobre conflictos sociales y
dinámicas institucionales en la región andina (Bebbington 2013).4 Finalmente,
el conflicto en Majaz también es tomado como caso para analizar el
surgimiento de proyectos territoriales y sus límites frente a un Estado
dependiente de la renta extractiva en un contexto de presión sobre
recursos.5
Por otro lado, en el año 2011, Revesz y Oliden presentaron en el SEPIA
XIV su trabajo sobre la “Transformación del territorio regional”,6
en el que analizan los principales procesos de cambio en el espacio
piurano a lo largo del siglo XX, considerando tres ámbitos
subregionales: la sierra, el litoral y los valles agrícolas costeños.
Aunque de forma breve, en su análisis llaman la atención sobre una nueva
situación en el agro piurano:
Al mismo tiempo [que las políticas
nacionales], ordenanzas del gobierno regional permitieron grandes
inversiones agrícolas en el valle del Chira para la instalación de
cultivos de caña de azúcar para etanol, con lo cual se está creando una situación inédita en Piura en el contexto postreforma Agraria: la coexistencia de la Gran Agricultura Empresarial y de la Pequeña Agricultura Comercial” (Revesz y Oliden 2012: XX. (el destacado es nuestro)
Esta coexistencia, a la que se refiere la cita anterior, es en realidad
bastante compleja y conflictiva, porque implica la superposición de
lógicas distintas de apropiación del espacio, disputas por recursos,
usos de la tierra diferentes y formas de gestión y control territoriales
que chocan entre sí. Este es un espacio no solo de pequeños
agricultores, sino también de comuneros y grandes comunidades que,
aunque debilitadas, tienen existencia social y jurídica sobre una base
territorial con derechos reconocidos. Es esta complejidad la que aún
hace falta abordar en mayor profundidad desde las ciencias sociales.
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Pero lo que viene ocurriendo con
las tierras en la costa implica otro debate: la reconfiguración de
nuevas haciendas, que toma una novedosa forma en el contexto global y la
era del capital financiero. |
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Tenemos entonces que la agenda extractiva ha influido de manera
considerable en la realización de estudios centrados en casos de
conflictos mineros en la región. Pero lo que viene ocurriendo con las
tierras en la costa implica otro debate: la reconfiguración de nuevas
haciendas, que toma una novedosa forma en el contexto global y la era
del capital financiero. Estos cambios, ligados al proceso de
reconcentración de la tierra, están pasando parcialmente desapercibidos.
En ese sentido, un texto solitario es el libro de Jan Van Der Ploeg,
publicado en el año 2006, y al que no se le ha prestado mucha atención.
El investigador analiza el problema de la tierra y el agua y las luchas
campesinas en Catacaos en el escenario pre y postreforma Agraria hasta
la década de 1980, pero presenta un último capítulo de actualización,
basado en información recogida en 2004, en donde da cuenta del inicio de
un proceso de acaparamiento de tierras y control privado del agua en
Piura, pero del que afirma conocer aún poco.7 Como hemos
visto, existen investigaciones centradas en estudios de caso, pero son
muy pocos los trabajos académicos de largo aliento que analizan lo que
viene ocurriendo en la región luego de las políticas de ajuste
estructural de los años noventa, en particular, en los últimos diez
años.8 Los cambios actuales sobre la propiedad de la tierra y
el proceso de reconcentración son temas que no han ingresado con fuerza
a la agenda académica, que en el Perú está muy ligada a la agenda de
las políticas públicas del Estado.9
En este escenario, las comunidades de la costa de Piura se ven
involucradas en nuevos procesos de negociaciones con empresas privadas
nacionales y trasnacionales que requieren acceder a tierras comunales
para diversas actividades económicas. Sobre estos existen algunos pocos
artículos, como el de Diez, que analiza las disputas por el control del
espacio costero en la comunidad campesina de Sechura; el de Quiñones,
sobre los cambios en el ámbito político de la comunidad de Vichayal en
el contexto de negociación con una empresa petrolera; y más centrado en
los cambios en la propiedad comunal y los usos de la tierra, un artículo
sobre los casos de las comunidades de Catacaos y Colán.10 Estos trabajos, aunque breves, dan cuenta de transformaciones que vienen ocurriendo en las comunidades de costa.11
Hace falta, por tanto, una investigación más amplia, que no solo
analice casos particulares, sino que proponga un marco analítico para la
lectura e interpretación de estos cambios y de sus implicancias en el
espacio regional.
Esta breve revisión nos lleva a preguntarnos por los procesos y
variables relevantes para comprender las dinámicas regionales hoy en
día. Para abordar esta interrogante nos centraremos en uno de los nuevos
procesos que se abre paso con el avance de capitales nacionales y
extranjeros: la reconcentración de tierras y su superposición en
territorios comunales. Haremos un zoom hasta llegar al ámbito
de las comunidades campesinas piuranas, para así enfocarlo en un espacio
definido y configurado por lógicas de apropiación del espacio y uso de
las tierras particulares.
La industria extractiva y comunidades de costa: cambios en los usos de la tierra
Las antiguas comunidades de costa, que son además las más grandes del
Perú, no parecen formar parte del “imaginario común” de las comunidades
campesinas, que fija su mirada sobre la comunidad andina. Así, tampoco
aparecen en el debate nacional sobre la implementación de la Ley de
Consulta Previa ni la tan controversial base de datos de pueblos
indígenas. Estas comunidades no han recurrido a un discurso étnico en la
defensa de sus territorios, y, sin embargo, cumplirían con el criterio
de continuidad territorial, siendo sus territorios mucho más antiguos
que el de cientos (o miles) de comunidades andinas que se formaron luego
de la Reforma Agraria o durante el proceso de reestructuración de los
años ochenta. Si bien aquellas no se definen como indígenas, sí apelan
al reconocimiento de derechos sobre territorios que consideran
“ancestrales”. No podemos decir si este es un tema que ha sido discutido
en el proceso de reglamentación de la consulta previa o para elaborar
la base de datos del Ministerio de Cultura, pero podría ser de
importancia en un futuro cercano.
Hoy en día, en los territorios de estas comunidades se forman nuevas
haciendas de capitales globales con sus propios mecanismos de acceso a
la tierra. La industria extractiva, que en la historia regional se había
mantenido cerca del litoral, penetra tanto en los eriazos comunales
como en las zonas que han sido transformadas hace décadas por el riego, y
que hoy los comuneros llaman “zonas de valle”, ocupadas por las
parcelas familiares de tenencia individual. Este es el caso de la
empresa petrolera Olympic Sucursal Perú, que desde el año 2007 explota
petróleo y gas en tierras comunales en las comunidades Miramar Vichayal y
San Lucas de Colán.12 Tal como señalaban Revezs y Oliden
para el caso de la gran propiedad y la pequeña agricultura, este
encuentro es también inédito en la historia regional. Acá se encuentran
la actividad extractiva con la historia de apropiación de las tierras
comunales: para acceder al subsuelo, la empresa se ve en la obligación
legal de lograr el acuerdo previo de la Asamblea Comunal para que esta
apruebe la firma del contrato de servidumbre que otorgaría a la empresa
el derecho de uso de las tierras comunales.
Lo interesante de este caso es que revela una serie de variables a
tener en cuenta para comprender la relación entre la ocupación espacial
de la empresa y las dinámicas comunales alrededor de ella. Por ejemplo,
en el caso de la comunidad de Colán, la Asamblea Comunal donde se aprobó
la firma del primer contrato con la empresa contó solo con 111
asistentes de los más de 2.000 comuneros registrados en el padrón
comunal. Una serie de problemas se desprenden de este contrato: los
comuneros no conocían el contenido, fue firmado por una directiva que ya
no estaba en funciones, la comunidad argumenta que se trata de montos
muy bajos por “el desconocimiento que teníamos entonces y la falta de
asesores técnicos en aquella época”, entre otros. Hoy en día, luego de
reiterados intentos de renegociación del contrato por las directivas
siguientes, el proceso se encuentra estancado. La empresa continúa
operando a pesar de los desacuerdos con la comunidad.
Lo anterior quiere decir que el acceso a tierras cultivadas de las
familias comuneras en el valle y a tierras comunales en la zona eriaza
se establece como irreversible a pesar de un proceso de negociación a
todas luces mal llevado y sin supervisión estatal. De acuerdo al
contrato entre Olympic y el Estado peruano, la empresa cuenta con
garantía para tres décadas de explotación, con posibilidad de
ampliación. No vamos a extendernos más aquí sobre el proceso de
negociación entre la empresa y la comunidad; vamos a señalar solo
algunos puntos que muestran los cambios que se desprenden de este.
En primer lugar, el cambio de usos de la tierras y el abandono de
parcelas cultivadas por familias comuneras. Esto ocurre en las parcelas
donde la empresa instala sus pozos a través de la figura de las
contraprestaciones de tierra, que implican un pago anual al comunero
posesionario de la parcela. El acuerdo firmado le otorga derecho sobre
esa parcela a la empresa mientras el pozo esté en operación. La manera
en que esto altera las estrategias y movilidad de las familias
campesinas aún no ha sido estudiada; sin embargo, la cifra pagada de
1.000 dólares anuales por pozo instalado en una parcela nos da un
indicio de lo que puede hacer o no una familia que acepta el trato.
Además, es importante considerar que no todos los comuneros tienen la
misma cantidad de tierras. La extensión del minifundio es irregular: las
parcelas pueden variar entre 0,25 hectáreas y 3 hectáreas, y un
posesionario puede tener una o varias parcelas dispersas, dependiendo de
la historia de cada comunero. Es decir que mientras para algunas
familias la cesión en uso de su parcela les deja una o dos parcelas
adicionales para seguir cultivando, para otras familias se trata de la
única porción de tierra con la que contaban.
Hasta fines de 2012, la empresa tenía más de noventa pozos en operación
tanto en parcelas familiares (antes cultivadas) como en áreas comunales
(eriazos), y continuaba abriendo más. El cambio de uso de la tierra
altera la tenencia en las zonas aledañas; por ejemplo, la manera en que
se discute la campaña agrícola y el portafolio de los usuarios que
siguen cultivando.13 Además de ello y del cambio en las
estrategias económicas, también se altera el vínculo de las familias
comuneras con la comunidad: esta última es desplazada de las
negociaciones bilaterales entre empresa y comuneros, pero al mismo
tiempo es requerida cuando surgen conflictos con la empresa o cuando los
comuneros empiezan a enfrentar la incertidumbre sobre su futuro. La
dirigencia comunal termina siendo cuestionada al no tener herramientas
suficientes para intervenir en estas disputas o cuando los reclamos de
la población exceden su ámbito de gestión y se desplazan hacia el de las
competencias del Estado.
Otro aspecto es el control del espacio en la comunidad. El tránsito
para los comuneros por el territorio de la comunidad responde a un orden
y un conocimiento local de las distintas zonas y propietarios de las
parcelas. Por ello, estas no cuentan con cercos, alambrados ni otro tipo
de impedimento al paso cotidiano de comuneros, sus carretas y arados.
Hoy en día los ductos de gas y crudo atraviesan los caminos y los bordes
de muchas de las parcelas cultivadas del conjunto de comuneros, y en
ocasiones impiden el paso de carretas y animales necesarios para el
trabajo agrícola. Asimismo, se observan tranqueras custodiadas por
guardias armados que bloquean la libre circulación en distintos puntos
del territorio de la comunidad, como la entrada al anexo de La Bocana
—donde se encuentra la gran mayoría de pozos— y las rutas de acceso a la
planta de la empresa. Hay una serie de anécdotas que expresan el
desconcierto de los comuneros frente a este tipo de control espacial.14
Finalmente, cambios importantes se dan en el espacio político local y
el gobierno comunal con relación a la tierra. Este es un tema extenso y
que abarca varias aristas; nos limitaremos a mencionar una variable que
nos permitirá entrar a la sección siguiente: las implicancias de la
titulación individual llevada por el Programa Especial de Titulación de
Tierras (PETT) en los noventa y las dificultades para lograr la
titulación a nivel global de los eriazos comunales.15 Con la
presencia extractiva y el avance de grupos empresariales sobre
territorio comunal, uno de los temas que regresa a la agenda de las
directivas comunales es el de la titulación de tierras: la presencia de
estas empresas pone a la comunidad en jaque frente a la situación de sus
tierras. La comunidad requiere de mayores “seguros” de la propiedad
comunal para poder negociar con una postura más fuerte la renegociación
del contrato con la empresa petrolera y en otras negociaciones con
trasnacionales.
Si bien la historia de la titulación individual y tierras comunales es
una historia conocida, este caso muestra cómo lo que se inició en los
años noventa con la Ley de Tierras 26505, y que se afianzó durante los
gobiernos posteriores, hoy tiene repercusiones importantes. Así, durante
el gobierno aprista, el Ejecutivo modificó normas para que la función
de titulación de tierras pase por cuatro años a Cofopri, dentro del
Ministerio de Vivienda. Durante este periodo se otorgaron títulos
individuales que lotizaron zonas para vivienda sobre tierras de
propiedad comunal, generando así mayor superposición de derechos y
tensiones entre comunidad y comuneros. Como veremos a continuación, esto
es importante, pues el título de propiedad individual constituye hoy en
día una puerta para el arriendo o venta de tierras a empresas privadas
que termina en el desmembramiento de porciones del territorio comunal.
El acceso a tierras para la producción de biocombustibles y las nuevas haciendas
Así vinieron los Caña Brava [a proponer a
los comuneros empezar a sembrar caña]. Muchos no creían porque le
tenían miedo al grupo Romero, que pensaban que le iban a quitar sus
tierras, pero ellos no habían captado de que se trataba de una cadena
productiva, y que ya cada uno iba a responder por su cuenta”. (comunero
de Colán)
No solo la industria petrolera avanza sobre tierras comunales,
incluyendo las zonas cultivadas, sino también grandes trasnacionales y
capitales privados nacionales. En su texto, Van Der Ploeg se refiere a
este proceso como una “tercera ola de usurpaciones” (2006: 40).16
El panorama actual de presión sobre la tierra en las comunidades de
costa es bastante complejo: algunas empresas buscan ingresar mediante
propuestas a la Junta Directiva, pero otras avanzan concentrando tierras
mediante la compra o el arriendo a comuneros que cuentan con títulos de
propiedad individual otorgados por alguno de los programas estatales en
años anteriores, sin que aquello hayan dado aviso a la comunidad. De
otro lado, la empresa trasnacional, como en el caso de Maple Etanol,
ingresa a través de negociaciones con el Estado. Veamos muy grosso modo cómo ocurren estas dinámicas.
Una de las preocupaciones
centrales de los comuneros es el limitado acceso al recurso en las
nuevas zonas de ocupación de las familias comuneras, que además colindan
con los espacios cercados por las empresas de etanol, como Maple. |
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Luego de permanecer algún tiempo en la comunidad y observar el día a
día en el local comunal, podemos decir que es frecuente la visita de
empresarios privados. Los directivos deben atender reuniones con
empresas que buscan tierras eriazas para sembrar pimiento piquillo,
banano, piñón, uvas, entre otros productos de agroexportación. Las
cantidades que solicitan no son cientos, sino miles de hectáreas. Las
figuras que proponen no siempre implican un pago por el arriendo de las
tierras; en ocasiones quieren solo el “permiso para sembrar” porque eso
“dará empleo a los campesinos” y además “darán ayudas a la comunidad”.
La comunidad evalúa propuestas que muchas veces son descartadas. Pero en
ocasiones los empresarios no aceptan la respuesta de la directiva, sino
que ingresan directamente a negociar con los comuneros que habitan en
las zonas de su interés. Esto rompe con lógicas comunales de toma de
decisión y genera transacciones de tierra que escapan al control de la
comunidad; también generan expectativas de arriendo y venta de tierras
entre comuneros, sobre todo jóvenes. Muchas veces, los empresarios se
apoyan en el hecho de que los comuneros ya están titulados
individualmente; otros, sin embargo, recurren a métodos menos claros que
terminan convalidando “actas de entrega” en minutas compra-venta
formalizadas en notarías provinciales.
En otros casos, empresarios nacionales ingresan directamente sin
siquiera dialogar con la directiva, declarando zonas eriazas comunales
como tierras en abandono y reclamando derechos de propiedad sobre estas.17 Como
dice un comunero de la zona: “Han querido así parece desquitarse de la
época cuando los sacamos [en alusión a las luchas por tierras]. Han
dicho: aquí ya se fregaron, aquí nosotros cogemos toda la tierra y no
pasa nada”.
Otra modalidad es la empleada por Caña Brava, del grupo Romero, empresa
con la que la población de la zona ya ha tenido conflictos. Caña Brava
tiene ya 7.000 hectáreas de caña en el valle del Chira, pero busca
expandirse. Además de poseer una planta cercana a las zonas altas
(eriazos) de la comunidad, en la zona del valle desarrolla convenios con
pequeños agricultores comuneros para que estos siembren caña en sus
parcelas. El trato es que los comuneros reciben pequeños créditos para
la compra de insumos y luego la caña sería comprada por el mismo grupo.
La otra forma de acceso a la tierra se da a través del arriendo de
tierras a comuneros que no están en capacidad de producir sus parcelas
por falta de financiamiento.
En el caso de la empresa Mapel Etanol, fue el Estado mismo, a través
del Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), quien vendió 10.000 hectáreas
a la empresa al precio de 60 dólares la hectárea.18 Maple
requiere concentrar miles de hectáreas para la siembra de caña de
azúcar, utilizando una tecnología de riego por goteo. Sucedió que el
Estado vendió, como parte de estos lotes, mil hectáreas que eran de
propiedad de la comunidad campesina San Lucas de Colán. En respuesta, la
comunidad interpuso una demanda de nulidad de acto jurídico, y el
proceso judicial está abierto. Resulta interesante anotar que a pesar
del litigio legal, la empresa ha logrado acceder a 224 hectáreas de las
tierras en disputa, a través de un acuerdo (sin rango contractual) con
la comunidad para arrendarles esas tierras. Este acuerdo fue aprobado en
una Asamblea Comunal, que ocasionó reacciones contrarias entre los
comuneros, algunos de los cuales argumentaban que esas tierras ya no
serían devueltas a la comunidad, y que era un error aceptar el trato.
Otro grupo en cambio estuvo de acuerdo.
Además, uno de los temas clave que surge estrechamente vinculado a la
reconcentración de la tierra es el acceso al agua. Una de las
preocupaciones centrales de los comuneros es el limitado acceso al
recurso en las nuevas zonas de ocupación de las familias comuneras, que
además colindan con los espacios cercados por las empresas de etanol,
como Maple.19 En la comunidad ya se empieza a discutir el tema con preocupación y cierto tono de reclamo:
Dicen que están los Romeros en el arenal,
ahora quieren comprar tierras. También está la Maple. Ellos sí tienen
agua. Tenemos que negociar el agua. ¿Por qué ellos van a tener y
nosotros no, si es nuestro territorio?. (comunero de Colán, anexo de La
Tahona, colindante con Maple)
De esta manera se configura una dinámica de acceso a la tierra que en
muchos casos implica el despojo de tierras comunales. Como hemos visto,
son diversos los intereses económicos, estrategias y mecanismos que
intervienen en el proceso actual de reconcentración de tierras en el
caso piurano. A nivel de las comunidades, los cambios que ello produce
en la estructura productiva, la tenencia y uso de las tierras y el
gobierno comunal son aún un campo de estudio por explorar. Queda claro,
sin embargo, que el acceso y control del agua se perfila como un próximo
campo de disputas.
Reflexión final
Hemos llegado a este punto con una aproximación más cercana a lo que
sucede en territorios comunales, pero estos nuevos procesos abarcan
diversas zonas del territorio piurano y de la costa en general. En
efecto, Maple y Caña Brava proyectan ampliar sus cultivos para este año,
el grupo Gloria ha comprado 15.000 hectáreas en Olmos para la siembra
de caña, la Corporación Miraflores dice contar con tierras y agua para
su proyecto Comisa, que busca sembrar 25.000 hectáreas para producir
etanol en Piura, y hay capitales ingleses y norteamericanos buscando
ingresar con no menos de 10.000 hectáreas a la costa peruana.
Si bien la agenda de estudios entre 2005 y 2011 otorgó un peso central a
los conflictos mineros en la región, hoy nuevos procesos llaman la
atención sobre el espacio de los valles costeños y el desierto. El
avance de la actividad extractiva del llamado oro negro sobre zonas de
valle y la concentración de tierras, que convergen en tierras comunales,
modificarán sustancialmente el paisaje geográfico y la economía
política de la región.
* Antropóloga, Instituto de Estudios Peruanos.
1 Burneo 2011.
2 Bebbington et ál. 2007.
3 De Echave et ál. 2009.
4 Bebbington 2013.
5 Burneo 2013.
6 La ponencia de Revesz y Oliden fue presentada en la mesa
regional del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) XIV y
posteriormente publicada en el libro SEPIA XIV: Perú, el problema
agrario en debate. Lima: SEPIA, 2012.
7 Van Der Ploeg 2006.
8 Trabajos de largo aliento sobre el ámbito rural piurano y
la economía agraria regional se publicaron en los años ochenta y
noventa. Entre ellos, Revesz 1982 y O’Phelan 1998. Para una revisión
completa de la literatura sobre Piura hasta 1995 ver Revesz et ál.
1996.
9 Organizaciones mundiales como Vía Campesina o redes
internacionales como Land Coalition son quienes buscan colocar el tema
de concentración o acaparamiento de tierras en la agenda internacional,
publicando una serie de documentos de trabajo y vinculando su discusión
con los temas de soberanía y de seguridad alimentarias.
10 Diez 2013, Quiñones 2012 y Burneo (en proceso de publicación).
11 De hecho, uno los últimos
estudios largos sobre las comunidades de Piura fue publicado en 1998.
Cipca-Bartolomé de Las Casas 1998.
12 La empresa tiene entre sus accionistas a la USA Olympic
Oil & Gas Corporation, entre otras firmas extranjeras. Su contrato
con Perú Petro, vigente desde 1996, le otorga licencia para explorar y
explotar hidrocarburos por treinta años a partir del inicio de la
explotación comercial, en el Lote XIII, ubicado en el desierto de
Sechura. El “desierto de Sechura”, en este caso, abarca tierras de tres
comunidades campesinas.
13 Se puede observar en las zonas de los pequeños
agricultores comuneros una parcela cultivada y al lado, de manera
contigua, la parcela vecina, que ha dejado de cultivarse, con el pozo en
operación al medio de ella.
14 Esta cita expresa lo señalado: “En marzo hicimos una
actividad, y quisimos pasar con las mujeres. Es nuestra zona, o sea,
nadie se puede venir a apropiar. Quisimos pasar a la ribera del mar para
ir a la Bocatoma y la desembocadura, pero a nosotras no nos dejaban
pasar. Siendo nosotras dueñas del territorio, no nos dejaba pasar la
Olympic porque nos puso un montón de obstáculos […]. Al final exigimos y
pasamos, y estaba toda esa parte del mar sucia, llena de desechos. Creo
que eso no querían que viéramos” (comunera de Colán).
15 Hasta el año pasado, la comunidad no contaba con títulos
de propiedad a nivel comunal (global) inscritos en los registros
públicos. Hace dos meses, la directiva logró titular 14.000 de las
28.000 hectáreas de tierras comunales.
16 En el capítulo final, utiliza la noción de “imperio”
(recogida de Hardt y Negri 2001) para referirse a una empresa móvil, no
localizada e invisible, a “la reemergencia del latifundio”, la
plantación a gran escala controlada por capital foráneo. Señala que el
comunero percibe a estas empresas como el retorno del gamonalismo, pero
con otra forma: creación de bloques de tierras bajo arriendo, sin
inversiones fijas, centrado en la disposición de capital, capacidades
organizativas y canales internacionales de comercialización (2006: 427).
Además del acceso a la tierra, el control del agua sería el factor
crucial.
17 Estas figuras se vinculan estrechamente con las reformas
del marco normativo de regulación de la propiedad comunal y tierras de
comunidades de la costa que se desprende de las reformas iniciadas en la
década de 1990, como la Ley 26845, Ley de Deslinde y Titulación de
Comunidades de la Costa, que establece que las tierras de comunidades
serán consideradas en abandono cuando estén en manos de terceros que las
dediquen a la actividad agraria por dos años desde la presentación de
la solicitud de abandono. Se confunde así el abandono con la
prescripción adquisitiva, y se contradice el principio constitucional de
imprescriptibilidad de tierras comunales, facilitando el acceso y
propiedad de tierra comunales a agentes privados (Cepes, Informativo Legal Agrario, n.° 25, 2010).
18 Datos tomados de la “Escritura de compra y venta entre
el proyecto Chira Piura y la empresa Maple Etanol S. R. L.,
interviniendo el gobierno regional de Piura”. Piura, marzo de 2008.
19 Van Der Ploeg trata el tema del control del agua por estas empresas y de la escasez en la comunidad de Catacaos (2006: 431).
20 Revista Agro Negocios, noviembre de 2012. Ver http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-cuenta-proyectos-cana-azucar-riego-tecnificado-mas-grandes-del-mundo-435788.aspx
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redefinición de lo comunal: nuevas formas de acceso a la tierra y
presión sobre el recurso en las comunidades campesinas de Colán y
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Ver:
